Desde Izquierda Unida de Vícar queremos denunciar el giro a la derecha que el gobierno local ha dado en un asunto tan importante como la construcción y gestión de la nueva residencia de ancianos de la Puebla de Vícar ya que, a pesar de definirse como de izquierdas, el PSOE de Vícar parece desconfiar, incluso, despreciar, la gestión pública de los servicios sociales, con una mentalidad más propia de Esperanza Aguirre que de un partido verdaderamente progresista. Prueba de ello es que la nueva residencia de ancianos será gestionada durante los próximos 40 años por una empresa privada más interesada en el beneficio económico propio que en la calidad de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos, sin que tan siquiera se realice antes un estudio de viabilidad para que la Junta o el Ayuntamiento se hagan cargo de este servicio público. Todo ello con la bendición y aquiescencia del equipo de gobierno del “socialista” Antonio Bonilla.

Como defensores de lo público y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos esta concesión nos parece inadmisible por varios motivos. En primer lugar, porque se cede la gestión de la residencia a una empresa privada que va a anteponer el ganar dinero a toda costa a la calidad de los servicios ofertados a los ciudadanos, por un lado, y a la estabilidad y calidad del empleo de los trabajadores de la nueva residencia por otro. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la nueva residencia se construirá en suelo público, nos encontramos con una descarada cesión de terreno público a una empresa privada para su propio beneficio, cuando dicho espacio debería continuar en manos del ayuntamiento y destinarse a la creación de infraestructuras para el uso y disfrute de todos los vecinos, tales como colegios, guarderías, parques, etc.

Además, la gestión privada que ahora defiende el PSOE de Vícar vulnera principios básicos de los servicios públicos como la igualdad de acceso a dichos servicios, la universalidad de los mismos o su control por parte de los poderes públicos, entre otros. A su vez, esta cesión traiciona el espíritu de la Ley de Dependencia, que establece que la asistencia y la ayuda a los ancianos son un derecho universal de todos los ciudadanos independientemente de sus posibilidades económicas, y no sólo de aquellos privilegiados a los que la Junta considere necesario subvencionar, si bien, al tratarse de un centro concertado, buena parte del pago del servicio correrá a cuenta de los ancianos y sus familias. Un derecho social se convierte así en mercancía, y todo ello con el visto bueno de un PSOE de Vícar que se proclama socialista y de izquierdas…

ANTONIO BONILLA, ¿SOCIALISTA?

Es decepcionante que en un tema como la privatización de los servicios públicos tanto el PSOE como el PP de Vícar hayan votado conjuntamente a favor de la gestión privada de la nueva residencia. Si bien esto es algo que no extraña para nada del Partido Popular, que defiende descaradamente el neoliberalismo más salvaje y antisocial, nos decepciona bastante este apoyo del PSOE al modelo de gestión privada, que sólo busca el beneficio económico de unos pocos a costa de las desigualdades sociales y la explotación laboral, y más aún viniendo esto de un partido que se vende a sí mismo como el principal defensor de los derechos sociales.

Desde IU apostamos claramente y sin complejos por unos servicios públicos de calidad gestionados por y para los ciudadanos y que aseguren los derechos sociales de todos. Pedimos que sea el propio ayuntamiento el que se encargue de gestionar la nueva residencia como servicio público, pensando en el bienestar de nuestros mayores y no en favorecer descaradamente el negocio interesado de una empresa privada que no garantiza una mejor gestión administrativa de un servicio tan necesario como éste.